La corrupción a altos niveles del Estado representa una amenaza para la estabilidad política y social de México, ya que atenta contra la legitimidad y legalidad del mismo Estado. Cuando esta corrupción se vincula con la delincuencia organizada, una amenaza latente se extiende a la seguridad nacional de México.
El sistema político mexicano representa un canal efectivo para que la delincuencia organizada logre “matar dos pájaros de un tiro”: es decir, lavar dinero y a la vez “comprar políticas públicas” que les aseguren la protección estratégica de sus grupos criminales.
la hipótesis de que la relación entre violencia, corrupción y delincuencia organizada es central en la formación e implementación de políticas públicas coordinadas entre los órganos de inteligencia, policías, fiscalías y Poder Judicial.
Las leyes contra la delincuencia organizada tienen por objeto sancionar a la delincuencia organizada, y para ello construyen tipos penales especiales que implican la generación y valoración de nuevos medios de prueba, por lo que representan un nuevo paradigma jurídico-dogmático en la concepción de la delincuencia organizada.
El trípode en el que se sostienen las organizaciones delictivas es la violencia, la corrupción y la obstrucción a la justicia. Las organizaciones criminales recurren a la violencia como medio para establecer su control sobre sus propios miembros, sobre sus competidores y sobre los mercados ilícitos, independientemente del producto que vendan.
El tipo penal de participación delictiva organizada tiene una estructura lógica de doble piso: es un delito pertenecer a una organización que comete delitos. El primer elemento hace referencia a la participación en una organización. El segundo es que esta organización comete delitos (delitos-predicado) tales como tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, extorsión o secuestro con el objeto de obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro de orden material.
Las organizaciones de delincuencia organizada tienen un halo de protección interno fundado en las reglas del secreto absoluto de la organización (bajo la amenaza de asesinato si se viola esta re- gla); esto se denomina “la ley de silencio u omertá”, y solidifica el halo de protección de la actividad criminal fundado en la violencia, la corrupción y la obstrucción a la justicia.
Las técnicas pueden ser agrupadas en estrategias de investigación orientadas hacia adelante (forward looking) o hacia atrás (backward looking), dependiendo de si ya se ha cometido o no la actividad delictiva. Las técnicas que introducen elementos probatorios de alto impacto procesal son normalmente hacia adelante, porque algunos de los delitos predicados no han sido cometidos; mientras que en las técnicas hacia atrás, normalmente ya fueron cometidos los delitos-predicado y los de segundo piso. La investigación hacia adelante requiere generalmente más recursos financieros que las investigaciones hacia atrás.
Las técnicas de investigación de delincuencia organizada y corrupción anteriores, implican otorgarle más poder a policías, jueces y fiscales. Debe existir un equilibrio de estos poderes y un respeto de los derechos humanos. La construcción de estos equilibrios debe estar basada en dos elementos: a) un elemento interno: que implica determinar cuáles son las condiciones materiales que permiten utilizar estos medios de prueba, y b) otro externo: asegurando los equilibrios entre órganos independientes para controlar sus usos.
Podemos distinguir cinco diferentes niveles de penetración de la delincuencia organizada en los sectores públicos:
-En el primer nivel encontramos al soborno o cohecho, que consiste en ofrecer u otorgar a un agente en particular cualquier tipo de beneficio a cambio de la realización de un acto.
-En el segundo nivel, los actos de soborno son continuos y periódicos y en donde el agente público ya se encuentra en la nómina del grupo delictivo.
-En el tercer nivel, son infiltradas las agencias gubernamentales en forma esporádica dentro de las posiciones oficiales de rango medio. Los miembros y asociados de los grupos delictivos obtienen empleos en las agencias del orden, en las oficinas de procuración e impartición de justicia y en otras áreas, asegurándose vacantes o comprando los puestos por medio del soborno y el chantaje.
-· El cuarto nivel se caracteriza por una infiltración gubernamental en los niveles más altos, o lo que algunos autores definen como captura del Estado, pudiendo abarcar ramas completas de la administración o funcionarios de alto rango en las agencias de seguridad, oficinas de procuración, impartición y administración de justicia, así como otras oficinas gubernamentales importantes para el grupo delictivo.
-El quinto nivel de infiltración de la delincuencia organizada en los sectores públicos se produce cuando los grupos de delincuencia organizada logran participar en precampañas o en campañas políticas financiando o apoyando a través de os medios de comunicación o comprando votos y corrom- piendo los procesos electorales democráticos.La infiltración en este nivel puede llegar a tal grado que la delincuencia organizada controle al Estado en sus deci- siones más importantes, lo que equivale a “comprar sus políticas públicas”.
Los modelos dirigidos a romper con estos vínculos simbióticos entre corrupción pública y delincuencia organizada suponen un nivel específico de disuasión, sistemas externos de vigilancia y estructuras de salario dentro de las dependencias del sector público, que implementen medidas tales como:
a) Promulgar urgentemente un marco normativo que regule la financiación de las actividades de las precampañas políticas.
b) Activar y proporcionarle autonomía institucional a la Unidad de Inteligencia Financiera
d) Una menor concentración de las funciones de organización interna de la agencia gubernamental aglutinados en las manos de cada vez menos directivos
e) Una reducción en el número, complejidad y formalismo de los procedimientos administrativos, aunado a una mayor transparencia de los mismos dentro de la oficina pública que presta el servicio.
g) Un mejorado control de la decisión judicial para lograr una reducción de la “compra de resoluciones de jueces y fiscales” que se alimenta de la incertidumbre relacionada con la interpretación de doctrinas, leyes y reglamentos
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